Blog de DIPr.






         Realizado por la Cátedra II de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

Octubre 28, 2008

Filed under: Adopción @ 11:32 pm

En el siguiente link (http://www.aaba.org.ar/bi070027.htm) encontrarán un artículo sobre un proyecto de reforma para la Adopción Internacional de Argentina. El proyecto no ha prosperado, pero les pido que alguien lo compare con el regimen actual y analice las diferencias que sean relevantes para nuestra materia.

 

15 Comments

  1.   LILIANA E. MARTINEZ — Octubre 30, 2008 @ 7:39 pm    

    La propuesta presentada por la Dra. Amalia Uriondo de Martinoli, ante la XIII CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS –JUJUY 2000- tiene por objeto incorporar, al “Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio”, normas que regulen la adopción internacional; a resultas del tratamiento pronunciado en la Convención de La Haya de 1993. Menciona que -un proyecto separado, de Ley de Derecho internacional privado deberá ser tratado simultáneamente con aquél. Destaca la necesidad de hacer frente a una cuestión actual, de creciente importancia jurídica y social, y proceder a la reforma, siendo inadecuada la solución del art. 315 del Código Civil que refuta de fraudulenta toda adopción por quien carece de residencia prolongada en el país.
    La Propuesta es sistematizar las normas que regulan los casos con elementos extranjeros, dado que los principios generales en que se inspira la reglamentación, armonizan con los que fundan las normas del Proyecto, y no se alejan de las soluciones contenidas en otras normas de fuente interna y convencional. El objeto de la ley es determinar el ámbito de competencia internacional y establecer los criterios que nos señalen cual es la ley aplicable.
    Se investigaron los antecedentes nacionales disponibles, en especial: el Anteproyecto actualizado del Código de Derecho Internacional Privado y la ley de Derecho Internacional Procesal Civil y Comercial, elaborados por el Dr. Werner Goldschmidt.

    Entre las fuentes consultadas figuran: las legislaciones de los Estados partes y asociados del Mercosur, las normas de las codificaciones europeas: Ley de Reforma del Derecho Internacional Privado de Italia Nº 218 de 1995, Ley Nº 21 de noviembre de 1987 de España, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; Ley Federal sobre el Derecho internacional Privado de Suiza de 1987 y Ley Federal sobre el Derecho internacional Privado de Austria de 1978; también normas de las convenciones elaboradas en el marco de la OEA – Convención Interamericana de La Paz de 1984 -sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores (CIDIP III), la Conferencia de La Haya “ Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional de 1993” y el Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños de 1996.

    Fundamentando la elección del sistema de normas generales y específicas de Derecho internacional privado, en factores atributivos de competencia y en la utilización de puntos de conexión que señalen el derecho declarado competente, todo ello respondiendo a la concepción política-legislativa de integración, perseguida por nuestro país y al compromiso jurídico y ético de garantizar la defensa y la adecuada protección de los sectores débiles de la sociedad.
    Retrotrayéndonos ahora, a la realidad de nuestro sistema jurídico, éste históricamente no receptó el instituto de la Adopción en sus inicios, dado que Vélez Sársfield estableció en el art, 4050 del Código Civil, tajantemente “que no hay adopción por las nuevas leyes”, expresando en su nota, que “la Ley nueva, no podría regir las adopciones preexistentes sin anularlas retroactivamente, desde que el Código no reconoce adopción de clase alguna”. Por eso se consideraba que las adopciones conferidas en el extranjero no tenían valor alguno. Esta línea de pensamiento tuvo repercusión en la jurisprudencia cuando se resolvió la sucesión de Miguel Grimaldi en el año 1948.
    Actualmente Argentina no ha firmado La Convención sobre Adopción Internacional, adoptada en La Haya en 1993, que preveé mecanismos a través de Autoridades Centrales, para la adopción de niños en el extranjero, la cual fuera aceptada por más de 70 países. Sin embargo, ninguna ley de nuestro país prohíbe la adopción de niños en el extranjero, por parte de residentes argentinos o extranjeros radicados en Argentina, por lo que una adopción en otro país es válida en la República Argentina. Los trámites en el extranjero son seguidos por Autoridades Responsables en materia de Adopción Internacional en el país donde se encuentra el niño a ser adoptado, finalmente es un juez extranjero, quien autoriza la adopción y el viaje del niño adoptado a Argentina.
    Cuando nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del Niño, hizo una reserva por el artículo 21, incisos b, c y d en cuanto al reconocimiento del sistema de adopción internacional. Entendieron las autoridades argentinas que era necesario realizar un riguroso régimen de control interno, para evitar el tráfico de menores a través de la adopción internacional y que Argentina no se encontraba aún preparada para ello.

    El Código Civil Argentino en dos normas, según texto de la ley 24.779, indica lo siguiente: el artículo 339 prescribe que los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre sí, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero. Por su parte el artículo 340 señala que la adopción constituida en el extranjero de conformidad con la ley del domicilio del adoptado, podrá transformarse en adopción plena, en cuanto se reúnan los requisitos establecidos en este código, debiéndose acreditar el vinculo y prestar consentimiento adoptante y adoptado. Cuando el adoptado es menor de edad, interviene el Ministerio Publico Pupilar.

    La autora del “Proyecto” en el capítulo referido a las “Relaciones de Familia”, Sobre la Adopción dispone que “Las condiciones de la adopción serán reguladas por las leyes del domicilio del adoptante y de la residencia habitual del adoptado, respectivamente. En el supuesto que los requisitos de la ley del adoptante sean manifiestamente menos estrictos que los señalados por la ley de la residencia habitual del adoptado, regirá esta última”.
    En cuanto a las relaciones entre adoptante y adoptado, inclusive las alimentarias y las del adoptado con la familia del adoptante, dice que se regirán por la misma ley que rige las relaciones del adoptante con su familia legítima. En cuanto a los vínculos del adoptado con su familia de origen se considerarán disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos para contraer matrimonio y los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado.

    El sistema distributivo es el elegido y parte del presupuesto siguiente: la adopción es una institución que interesa tanto al país del adoptante como al del adoptado, y es por tanto lógico y justo que participen en su regulación cuando ella los afecta. La medida de la participación de cada ley dependerá en definitiva de la concepción que tuvieren sobre la institución, siendo racional suponer que el legislador balanceará los diversos intereses en juego y buscará la armonía posible entre ellos.
    El compromiso adoptado en el tratamiento del tema por la autora, amerita se continúe profundizando en el mismo, aportando comentarios superadores, consolidando sus fundamentos; y en la necesidad por ella manifestada, de instaurar un “sistema de cooperación” entre los Estados, sea a través de acuerdos bilaterales o multilaterales con la finalidad de “proteger al proceso de adopción de toda contaminación con el tráfico, sustracción, trata y venta de niños”.
    Liliana E. MARTINEZ
    Legajo N° 104334/4
    Comisión 7 Dr. Bruno TONDINI

  2.   Carolina Pique — Noviembre 3, 2008 @ 5:27 am    

    Argentina no ha firmado La Convención sobre Adopción Internacional, adoptada en La Haya en 1993, que prevé mecanismos a través de Autoridades Centrales para la adopción de niños en el extranjero y aceptada por mas de 70 países.

    Sin embargo, ninguna ley de este país prohíbe la adopción de niños en el extranjero, por parte de residentes argentinos o extranjeros radicados en Argentina, por lo que una adopción en otro país es válida en la República Argentina.

    Los trámites en el extranjero son seguidos por Autoridades Responsables en materia de Adopción Internacional donde se encuentra el niño a ser adoptado, finalmente es un juez extranjero el que autoriza la adopción y el viaje del niño adoptado a Argentina.
    Cuando Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño hizo una reserva por el artículo 21, incisos b, c y d en cuanto al reconocimiento del sistema de adopción internacional. Entendieron las autoridades argentinas que era necesario realizar un riguroso régimen de control interno, para evitar el tráfico de menores a través de la adopción internacional y que Argentina no se encuentra aún preparada para ello.

    El Código Civil Argentino en dos normas, según texto de la ley 24.779, indica lo siguiente: el artículo 339 prescribe que los derechos y deberes del adoptante y adoptado entre si, se regirán por la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido conferida en el extranjero. Por su parte el articulo 340 señala que la adopción constituida en el extranjero de conformidad con la ley del domicilio del adoptado, podrá transformarse en adopción plena, en cuanto se reúnan los requisitos establecidos en este código, debiéndose acreditar el vinculo y prestar consentimiento adoptante y adoptado. Cuando el adoptado es menor de edad, interviene el Ministerio Publico Pupilar.

    Nuestro estudio se ocupa de los trámites de adopción de acuerdo al país que se elige para adoptar un niño, su seguimiento en el extranjero, hasta que el niño es adoptado, viaja a Argentina, se homologa la sentencia de adopción y se continua con un seguimiento que depende de las exigencias de cada país.

    El proceso lo iniciamos a través de un demanda judicial en la jurisdicción competente en Argentina, requiriendo aquellos documentos o certificados que se exigen a través de la autoridad extranjera de aplicación, por ejemplo el certificado de idoneidad, pericias psicológicas, encuesta ambiental, certificaciones de migraciones, que mencionamos solo a titulo de ejemplo.

    La adopción internacional presenta las ventajas de ser mucho mas cortas en tiempo en relación a las adopciones locales. Esto se debe a que los países extranjeros donde hay niños para adoptar, son signatarios de la convención de La Haya y presentan mecanismos muy ágiles y rápidos que no existen en nuestro país.

    Por otro lado no es ningún secreto que el Poder Ejecutivo Nacional, como política de Estado no quiere aceptar las adopciones de argentinos en el extranjero, por lo cual, todo lo complican y lo hacen hasta imposible Por ello, la recomendación, es evitarlos y recurrir siempre a jueces competentes, abiertos y comprensivos, con experiencia en la materia de familia que no responden a políticas de estado sino que son independientes.

  3.   Marisa E Zara — Noviembre 3, 2008 @ 1:15 pm    

    Luego de haber leído el texto bajo análisis, teniendo en cuenta que el proyecto no ha prosperado; cabe destacar antes de avanzar en todo desarrollo que en la ley 23.849 sancionada 27/09/1990, dónde se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva Cork, en su artículo 2, al ratificar la Convención la Argentina formula reserva en los incisos b);c);d) y e) del artículo 21, manifestando que no regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, DEBE CONTARSE PREVIAMENTE CON UN RIGUROSO MECANISMO DE PROTECCIÓN LEGAL DEL NIÑO EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, A FIN DE IMPEDIR SU TRÁFICO Y VENTA.
    El Estado Nacional en su concepción político legislativa, dio un primer gran paso, frente al proceso de integración mundial, teniendo como principio en primer lugar asumir el compromiso jurídico interno protegiendo a los diferentes sectores de la comunidad, especialmente a los más débiles.
    Pero aún hoy, es una asignatura pendiente para la sociedad blanca y celeste; por ende aún falta camino para recorrer en el ámbito internacional.

  4.   Marisa E Zara — Noviembre 3, 2008 @ 1:30 pm    

    Luego de haber leído el texto bajo análisis, teniendo en cuenta que el proyecto no ha prosperado; cabe destacar antes de avanzar en todo desarrollo que en la ley 23.849 sancionada 27/09/1990, dónde se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva Cork, en su artículo 2, al ratificar la Convención la Argentina formula reserva en los incisos b);c);d) y e) del artículo 21, manifestando que no regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, DEBE CONTARSE PREVIAMENTE CON UN RIGUROSO MECANISMO DE PROTECCIÓN LEGAL DEL NIÑO EN MATERIA DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL, A FIN DE IMPEDIR SU TRÁFICO Y VENTA.
    El Estado Nacional en su concepción político legislativa, dio un primer gran paso, frente al proceso de integración mundial, teniendo como principio en primer lugar asumir el compromiso jurídico interno protegiendo a los diferentes sectores de la comunidad, especialmente a los más débiles.
    Pero aún hoy, es una asignatura pendiente para la sociedad blanca y celeste; por ende aún falta camino para recorrer en el ámbito internacional.
    Marisa E Zara
    Com 7 Dr Tondini

  5.   Marcelo A Zaldívar — Noviembre 3, 2008 @ 2:48 pm    

    Comprendo que este foro pertenece a una asignatura llamada Derecho Internacional Privado y que a través de ella se busca la tan ansiada “armonización”. Entre las temáticas a las cuales se pretende someter a la referida”armonización se encuentra la adopción internacional. En ese camino han discurrido en nuestra región Venezuela, Bolivia, Paraguay, Brasil, Perú, Chile y Uruguay. En ese camino transita el Código Unificado Civil y Comercial de 1998 en su artículo 652: “Competencia. Es competente para entender en el juicio de adopción el tribunal del domicilio del adoptante o el que otorgó la guarda previa”
    Ante el tema se me presenta una indisoluble dicotomía:
    Por un lado, las reservas hechas por nuestro país a la Convención de los Derechos del Niño en la materia, asumiendo una protección “territorialista” del Interés Superior del Niño y por el otro adecuarse al fenómeno globalizador y universalista de la adopción internacional.
    Quizás resulte antipático si expreso que no habiendo alcanzado ni orgánica, ni legislativa, ni judicialmente un ordenamiento registral para todo el país en materia de aspirantes a adopción (sólo la provincia de Buenos Aires lo tiene), seremos capaces de incorporar el proceso ciertamente complejo de la adopción internacional. Allá por el año 1986, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó una resolución de trascendente importancia en el plano mundial. Se trata de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos a la protección y al bienestar de los niños, articulo 18: “Evitar las adopciones en el extranjero, a menos que el Estado haya implementado una política, dictado una legislación y tomado las medidas efectivas de vigilancia para asegurar la protección de los niños”
    Inmediatamente se me ocurre que la adopción internacional pueda ser un salvoconducto legal para desfavorecer a funcionarios, profesionales de derecho y aprovechadores de la ansiedad de parejas aspirantes a adopción que desde ya hace mucho tiempo integran una maraña ilícita vinculada al tráfico de niños, disfrazándolo de muy “sencillos procedimientos de adopción”
    Dejo la inquietud y que alguien tome el guante.
    Acerco un fallo de un tribunal de La Pampa, en el cual se ha otorgado la guarda de una menor a residentes extranjeros publicado en El Derecho Tomo 171 página 907, año 1997.
    Marcelo comisión 7

  6.   Estela, Florencia y Curto Lucas — Noviembre 7, 2008 @ 11:36 am    

    Estela´, Florencia y Curto Lucas. Comisión 6
    Del trabajo de la Dra. Amalia Uriondo de Martinoli y realizando una comparación con la realidad social actual, surge evidente la urgente necesidad que tenemos como nación de tomar la medidas necesarias para realizar los cambios legislativos correspondientes, a efectos de cumplimentar los compromisos internacionales asumidos y en pos de garantizar el Interés Superior del Niño.
    Compartimos con la autora el hecho de que para que la aplicación de las leyes de distintos países pueda satisfacer el interés superior del menor, es necesario que en las etapas previas y posteriores a la constitución del vínculo adoptivo participen organismos acreditados oficialmente en cada país involucrado, con un equipo de profesionales especializados, como custodia preventiva de posibles actos que puedan lesionar el interés superior del niño.
    No hablamos solamente de un cambio legislativo de fondo, el cual resulta evidentemente necesario, sino que apuntamos a la imperiosa necesidad de tomar medidas para proteger y garantizar que nuestros niños puedan acceder al derecho que les corresponde de crecer y formarse dentro de un vínculo familiar.
    Respecto de la adopción Internacional, la solución distributiva a fin de contemplar los intereses del adoptante y del adoptado, es fundamental. Por eso coincidimos en que corresponde fraccionar los elementos constitutivos de la adopción, dar ingerencia a los domicilios o residencias habituales de los futuros adoptantes y adoptados respectivamente, que se supone, lo tienen en diferentes Estados.
    Por lo tanto, además de un necesario cambio en nuestro sistema de derecho internacional privado, es requisito indispensable, fomentar la de cooperación internacional de los Estados, a través de acuerdos bilaterales o multilaterales con la finalidad de proteger al proceso de adopción, y evitar todo tipo de tráfico, sustracción, trata y venta de niños. De esta manera estaríamos actuando conforme el art. 18 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos a la protección y al bienestar de los niños, que reza: “evitar las adopciones en el extranjero, a menos que el Estado haya implementado una política, dictado una legislación y tomado las medidas efectivas de vigilancia para asegurar la protección de los niños”.
    En consecuencia el eje se centra en dirimir la controversia que genera las reservas hechas por Argentina a la Convención de los Derechos del Niño, en el tema y la necesidad de adecuarse al fenómeno universalista de la adopción internacional.
    Estará en nosotros lograr un sistema adecuado de protección legal del niño a efectos de impedir que la adopción internacional sea una válvula de escape que facilite la comisión de delitos que tengan por víctima a los más débiles. Este es nuestro desafío.

  7.   Lidia Dora Fernández y Maria Belén Melillo — Noviembre 7, 2008 @ 6:35 pm    

    Argentina está obligada, por la Convención Internacional de los Derechos del Niño(art 75 inc 22 CN) a poner en práctica políticas públicas que aseguren a los niños, salvo casos excepcionales, permanecer con su familia de origen y crecer dignamente en ella.La adopción internacional no está permitida en nuestro país hasta tanto se deje sin efecto la reserva al art. 21 incisos b); c) y d) de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Al fundar la reserva se expresó que se debería contar previamente con un riguroso mecanismo de protección legal del niño. No pareciera, en las actuales circuntancias en que se halla nuestro país, que haya cesado la situación que motivó esa reserva. Para el supuesto que se deje sin efecto la reserva efectuada por nuestro país en ocasión de ratificar dicha convención, y se decidiere autorizar la adopción internacional se debería considerar a la adopción internacional como último recurso. La adopción es una institución cuyo fin principal y único debe ser el proporcionar un hogar al niño que no lo tiene, en su sólo interés. Si esta condición no se da, la adopción no sería válida por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que obliga a decidir en favor del interés superior del niño. Entendemos que si el Estado cumple con las prestaciones a su cargo, en cuanto debe indeclinablemente proporcionar a los niños atención como un mínimo en las áreas de alimentación, salud, educación y desarrollo, la cantidad de niños que no podrían ser criados y contenidos afectivamente por su familia biológica y en su hogar de origen disminuiría sustancialmente. Si el Estado no puede proteger debidamente a un niño a fin que se desarrolle en el seno de su familia de origen, debe, por lo menos, proveerlo de una familia dentro del ámbito de su propio país.Luego, recién como última posibilidad recurrirse a la adopción internacional. Pero pensemos que adhiriendo a ese sistema es más probable que nuestro país sea “proveedor” de niños hacia las naciones europeas que receptor de ellos. Las estadísticas de los países latinoamericanos que receptaron la adopción internacional lo patentizan.La Dra.NELLY MINYERSKY dice: “La subsidiariedad inherente en la adopción internacional implica que sólo podrá recurrirse a ella luego de agotadas las posibilidades nacionales, y mal podemos hablar de subsidiariedad si, existen en el país un gran número de personas que esperan se les otorgue la adopción de un niño frente a la inexistencia de una clara decisión política tendiente a alentar la adopción interna”.

    Como operadores del derecho nos cabe una responsabilidad fundamental: debemos propiciar y apoyar toda medida que tienda a dignificar las condiciones de la infancia. Que los niños puedan ejercer sus derechos a vivir, crecer y desarrollarse plenamente en su familia de origen, y de no ser ello posible, en otros sistemas de inserción familiar -adopción, padrinazgo, etc- pero dentro de su propio país, y solamente en casos extremos se recurra a la adopción internacional.
    Nuestra postura puede parecer anacrónica en el actual mundo globalizado, donde desaparecen las fronteras nacionales, pero entendemos que aceptar la adopción internacional en este contexto socioeconómico en que está inmerso nuestro país es favorecer que el Estado se siga desentendiendo de sus obligaciones. A nuestra manera de ver no están dadas las condiciones en este momento para que Argentina adhiera a la adopción internacional.
    Lidia Dora Fernández-Legajo 90170/4-Comisión 6 ( Dr. Jorge Santi)
    María Belén Melillo-Legajo 99370/1- Comisión 6 (Dr. Jorge Santi)

  8.   Marcelo Cuenca — Noviembre 10, 2008 @ 7:16 pm    

    Dentro del proyecto de la Dra. Amalia Uriondo de Martinoli me parece muy atinado que se incorpore el término “habitual” al domicilio del adoptado. Pues el menor candidato a ser adoptado generalmente no tiene el domicilio habitual en el de sus representantes.
    Esta premisa se encuentra en la Convención Interamericana de 1.984 sobre Conflictos de leyes en materia de adopción de menores ( La Paz – Bolivia).
    En consecuencia la jurisdicción directa y la Ley aplicable para regir las situación jurídica (validez ), derechos y deberes de adoptante y adoptado entre sí, debería ser la del domicilio habitual del menor al tiempo de la adopción.

    Como introducción, imaginemos vía hipótesis el caso contrario, que las adopciones internacionales se rijan por la Ley del domicilio del adoptante:
    1) El adoptante tiene mayores posibilidades de trasladarse al lugar donde la legislación le sea mas conveniente.
    2) Sabido es que los países más desarrollados y con baja tasa de natalidad (Alemania por ejemplo) o que adolecen de un minúsculo número en una o dos generaciones, provocadas por las guerras etc., tendrán mayor interés en allanar el camino a sus ciudadanos (allí domiciliados ) para la adopción internacional.

    El art. 321 del C. civil Argentino establece que debe regirse por el domicilio del adoptante, para las adopciones nacionales. Es razonable, pues ya tiene garantizada en el territorio nacional, un bloque legislativo que brega por el interés superior del niño a nivel nacional.
    ( La reserva de los inc. b, c, d y e) del art. 21 de La Convención sobre los D. del niño.) hasta tanto se cuente con el riguroso mecanismo de protección legal del niño, a fin de impedir su tráfico y venta ” es también una decisión política, en defensa del interés superior del menor.

    Por supuesto que al tener como premisa la protección y la salvaguarda del interés superior del menor, también parezca razonable que sólo se reconozca una adopción extranjera, en el caso que se verifique que fué otorgada de conformidad a la Ley del domicilio del menor al momento de la adopción (art. 339 C.civ.).

    Cada país sabrá adoptar una legislación acorde a la intensidad que quiera darle, al interés superior de sus menores.

    Por ello considero felíz el criterio aplicado respecto a la reserva del art. 21 de la Convención sobre los D. del niño, en los términos del art. 14 del C.Civ. (inc. 1 y 2 ) – Ya que el C.Civ. sólo considera la adopción conferida en el extranjero. -

    En consecuencia, no hay incoherencia entre los supuestos del art. 321 y el 399 del C.civ.
    Y en este contexto, respecto a la competencia judicial internacional, sí parece comprensible el empleo de puntos de conexión diferentes según que la adopción sea conferida en el país o en el extranjero.

    Conforme el art. 339 C.civ. la validez de la adopción continúa rigiéndose por el derecho extranjero, y en cuanto a sus efectos también. Mientras que, conforme el art. 340 C.Civ. una vez acordada la conversión (de adopción simple en el extranjero – a adopción plena en Argentina), los efectos se regulan por la ley argentina.

    Se evidencia que es mas llano el camino para permitir que menores extranjeros sean adoptados por adoptantes domiciliados en el paìs, y para reconocer adopciones conferidas en el extranjero, por supuesto, siempre que se cumplan los requisitos del C.Civ.

    En el próximo resúmen, subo las conclusiones respecto a las ideas que se desprenden del pàrrafo que cita: “…cuando en su Estado de origen no existan personas dispuestas a adoptarlo…” ; “atendido de manera adecuada; que no consiga una Familia adecuada “ y los vericuetos por donde nos llevaría estos tèrminos. Verdaderos caballos de Troya que pueden poner en riesgo la protección del interés superior del niño,

    Además respecto al sistema de instituciones internacionales debidamente autorizadas, acreditadas y registradas ante el Organismo Nacional pertinente, para intervenir en la adop. Internac.; ( será la falta de esta institución, la que refiere la reserva del art. 21 de la Convención s/ D. del niño )?.

    Marcelo Cuenca
    Oscar Kantt

  9.   Marcelo Cuenca — Noviembre 11, 2008 @ 5:16 pm    

    El convenio de La Haya de 1993, cita en su preámbulo: “ Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen”;

    El inc, b) del art. 21 de la Conv. Sobre los D. del Niño, cita: “…o cuando no pueda ser atendido de manera adecuada en el país de origen.”

    El proyecto del régimen legal sugerido expresa: “…que la adopción en otro país puede ser considerada como otro medio de cuidar al niño, cuando en su Estado de origen no existan personas dispuestas a adoptarlo…”

    Estos tres párrafos trascritos – sobre todo los términos “adecuada” y “dispuestas” creemos que dan lugar a dilatar el trámite, pues parecería que podría quedar sujeta a prueba para comprobar que realmente “NO puede encontrar (se) una familia adecuada”,.

    Además de la falta de certeza que involucra la palabra “adecuada”, está sujeta a prueba ? o es el juez quien si un registro nacional vigente, puede aseverar que no puede encontrarse familia ?, o que no es adecuada, o inadecuada la atención..?

    Estas dudas además hay que vincularlas con la “inexistencia de una familia DISPUESTA a adoptarlo (al menor)”.

    Si los registros de adopciones son provinciales, debería estar en vigencia un registro nacional para poder verificar este requisito (que en el país no existen personas que puedan, quieran y estén dispuestas a adoptarlo).

    En el plano de la realidad (fuera de las hipótesis y conjeturas teóricas), no puede dejar de verse sin caer en ingenuidad, que en el territorio nacional existen muchos mas peticiones y listas de espera a los fines de obtener una adopción, que los niños en condiciones de ser adoptados. Esto es “vox populi”, y no se conocen estadísticas difundidas que sostengan lo contrario.
    Será mucho más ágil una adopción internacional que las nacionales ?, si esto sucediera, se evidenciaría cual es el meollo de la cuestión…
    En este contexto, la idea de “…cuando en su Estado de origen no existan personas dispuestas a adoptarlo…” : debería entenderse que se han agotado las posibilidades de encontrar un adoptante para el menor… lo que llevaría bastante tiempo de acreditar. Con que mecanismos se comprueban estos extremos…? Con los lentos métodos de la burocracia argentina? O con los “veloces” métodos venales que se pretenden evitar.
    Para redondear en estos comentarios ( abundando mas en el T. P.), creemos que si bien debemos aggiornarnos respecto a la adopción internacional y adherir a convenios como el de La Haya de 1993, en un sistema de cooperación internacional que garantice que las adopciones se realicen en forma transparente y en el interés superior del niño, es necesario primero institucionalizar y poner en funcionamiento los mecanismos como los propuestos y regulados en el Cap. III del Convenio citado – arts. 6 al 13 – ( Autoridades Centrales y Organismos Acreditados ), que aún no poseemos y motivaron la reserva del art. 21 CSDN –Ley 23.849 -, para evitar el tráfico y venta de niños.
    Adunando, nos parece muy peligroso para nuestra cultura evasora de leyes, el art. 8º) de la Convención Inter Americana sobre conflictos de Leyes en materia de adopción de menores ( La Paz – 1984 ), en cuanto sugiere que “… las autoridades que otorgaren la adopción podrán exigir que el adoptante (o adoptantes) acredite su aptitud física, moral, psicológica y económica, a través de instituciones “…privadas…” ¿
    Pensamos que éstos podrían ser los mas altos obstáculos en nuestro país, para integrarnos al concierto globalizado de la adopción internacional.
    Resaltamos asimismo, los Ítems que nos ha parecido muy relevantes en La Convención de La Haya de 1993:
    • Toma como punto de conexión “ la residencia habitual”. expresión moderna y mas certera que la del “domicilio del adoptado”.
    • La violación del Orden público interno del Estado de origen, es causal de denegación.
    • La del art. 4º), preservando su nivel o condiciones educativas, su origen étnico, religioso y cultural-

    Marcelo Cuenca – Leg. 88083/6
    Oscar Kantt – Leg. 93782/6

  10.   Fabio Funes — Noviembre 13, 2008 @ 6:01 pm    

    Este es un tema con cierta problemática en nuestro Derecho, no debemos olvidar que Velez desdeñó de hablar sobre este tema (adopción) y recién con la ley 13252/48 se incorpora la misma, pero con un nuevo inconveniente NO MENCIONABA LA ADOPCION INTERNACIONAL. Y así se suceden leyes como la 19134/71 y la 24779 que incorpora el título “Efectos de la adopción conferida en el extranjero”.Si observamos la fuente internacional, nos encontramos tan solo con el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940
    Ahora bien querer extirpar el requisito de residencia permanente tanto en el adoptante como en el adoptado (art. 315 del CC.), me parece dejar un “puerta abierta” para el tráfico de menores: no contamos con controles necesarios, nuestro país es internacionalmente conocido por ser altamente corruptible, etc etc, pero sobre todo me parece negativo por querer dejar de lado los motivos ciertamente altruístas que tuvo el legislador al consagrar la “residencia prolongada”, queriendo hacer de esta Institución NO UNA SALVAGUARDA DE LOS INTERESES SUPERIORES DEL NIÑO SINO, UNA VIA PARA COMERCIAR INTERNACIONALMENTE CON LOS MISMOS.
    Fabio C. FUNES Comisión 8 Cátedra II DIPr

  11.   Karina Marquez Mares — Noviembre 22, 2008 @ 3:08 pm    

    El principio fundamental de la adopción es el interés superior del niño y no que las personas que no tienen hijos puedan tener uno. Este principio se acentúa mas por la modificación de la constitución nacional en 1994 en la cual ciertos tratados adquieren jerarquía constitucional por la norma 75 Inc. 22 como la convención de los derechos del niño.
    Desde la mira del régimen internacional de la adopción, nuestra ley carece de una reglamentación específica. En efecto, a través de una regla poco clara e imprecisa, el tipo legal del art. 339 contempla únicamente la adopción conferida en el extranjero que pretende desplegar sus efectos en nuestro país, pues el C.C. omite pronunciarse sobre el juez competente para otorgar la adopción.
    Nos podemos remitir a las normas receptadas en los tratados de Montevideo de 1889 y 1940 para solucionar este vació legal
    Art. 56 de ambos Tratados de Montevideo expresan: “Las acciones personales deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio”. Por su lado, la regla interna elige la ley del domicilio del adoptado al tiempo de la adopción, para regir la situación jurídica, los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí. En consecuencia, a través del principio del paralelismo consagrado por la disposición convencional entre jurisdicción directa y ley aplicable, se podría considerar competentes a los jueces o tribunales del domicilio del adoptado
    Entonces para las adopciones dadas en el país domicilio del adoptante y las otorgadas en el extranjero el domicilio del adoptado esto va a determinar la jurisdicción y el derecho aplicable. El juez argentino no podra conceder la adopción de un menor domiciliado en el extranjero de acuerdo a nuestro derecho sin consultar la ley del adoptando de este modo se le evitaría al menor el peligro de ser objeto de una adopción claudicante, es decir, válida en el país del adoptante, pero nula en el país del adoptado.
    Karina Márquez Mares leg 83150/7 comisión 7

  12.   Balonga Pedro y Betancor pia — Noviembre 27, 2008 @ 2:47 pm    

    Con respecto al trabajo realizado por la Dra. Amalia Uriondo de Martinoli, creemos importante destacar en lo que hace a nuestra materia:
    Por un lado, la necesidad de la realización de un proyecto separado de Ley de Derecho Internacional Privado en materia de adopción internacional, ya que importaría una manera de dirimir cuestiones de creciente importancia jurídica y social que actualmente se están dando en nuestro país, como es la posibilidad de la adopción por parte de personas extranjeras de niños argentinos, ya que de las reflexiones criticas al sistema de la filiación adoptiva establecido por la ley 24.779, surge la convicción de que la adopción en estos términos, (léase en otro país) puede ser considerada como uno de los medios de cuidar y proteger al niño, cuando en su país de origen no existan personas dispuestas a adoptarlo, dándole de esta forma el amor y la contención que merece todo niño en el seno de una familia.
    Por otro lado, creemos conveniente a fin de la realización de este proyecto internacional y a los efectos de cubrir el vacío legal en esta materia, en principio hacer frente a la necesidad de tomar las medidas eficientes para realizar los cambios legislativos correspondientes a los efectos de cumplimentar los compromisos internacionales asumidos como son ,la reserva que la Republica argentina hace de los incisos b),c),d), y e), del Art 21 de la “ Convención sobre los Derechos del Niño” de 1989, manifestando que no regirán en su jurisdicción por creer necesario para su debida aplicación contar con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en esta materia a fin de impedir su trafico y venta como así también la creación de leyes que reglamenten cuestiones especificas como, la competencia internacional estableciendo de esta forma cual va a ser el juez competente para entrar a conocer y en consecuencia proceder a solucionar los problemas que suscita un caso con elementos extranjeros y la solución de los conflictos móviles de la adopción establecidos en el Art 340 del CC.
    Pero lo que nos parece más importante destacar, para afrontar estos cambios ,ya que consiste en uno de los pilares fundamentales, es que se tenga en cuenta el interés superior del niño por encima de cualquier otro interés inclusive el de sus propios padres, esto significa que se escuche al niño, que se los respete, que se tenga verdaderamente en cuenta lo que ellos quieren y que fundamentalmente se los reconozca como sujetos de derecho. En este sentido, cualquier pretensión de autonomía de los derechos de la infancia que no respete estos fundamentos, es contraria a la concepción de los derechos del niño que emana de la doctrina universal de los derechos humanos.

    Balonga Pedro Eduardo-Legajo 98131/1 com 6 Dr Santi
    Betancor Maria Pia –Legajo 98148/2 com 6 Dr Santi

  13.   Nadia Castro Civiero — Mayo 18, 2009 @ 2:18 am    

    El tema de la adopción internacional presenta mucho interés en la actualidad, puesto que la Argentina con la excusa de no tener los medios para prevenir y evitar el contrabando de menores (previo secuestro) deja realmente sin respuesta la posible vida mejor de muchos niños. El trafico de menores existe en neustro país especialmente en las provincias del norte y litoral.
    Es cierto que se deben instrumentar de manera eficiente las medidas que permitan contralar los adoptantes, el otorgamiento de la guarda, si es que se estipula que es necesario. Pero que el requisito de la residencia que existe nuestro codigo civil, no impida las adopciones.
    Sería contradictorio que para celebrar una adopción internacional una persona deba establecerse en nuestro país, para que luego de 5 años recién pueda inicar un proceso de adopción.
    Se estarían perjudcando muchos derechos, en vez de tratarlos de proteger y hacerlos efectivos. Esto en respuesta a lo que sostuvo el compañero Fabio Funes al señalar que la falta de este requisito sería una puerta abierta para el trafico de menores. Pienso que la solución estriba tambien relacionado con la coperación internacional, en la adopción de un un Registro a nivel internacional de posibles adoptantes (como el intento frustrado en argentina ). Por supuesto con todos los reacuados para que pueda contener informacion veridica acerca de los aspirantes a adoptantes. Se deberan reformular los intitutos como los de la guarda, puesto que estaríamos hablando de sacar al menor del país o traerlo en caso de que el fuera el elmento personal internacional.
    Es un tema complejo, pero no imposible de solucionar.
    Pero no podemos seguin con la laguna legislativa, especialemtne cuando nos atenemos a las conveciones internacionales que ARgentina ha ratificado y señalan que el objetivo principal a resguardar es el del MENOR.
    Es hora de que Argentina a nivel interno e internacional, fije prioridades, y se preocupe de los menores.
    Nadia Castro civiero
    legago 98802/9
    comision 8

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

© 2014 Blog de DIPr.   Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts   Hosted by Edublogs.org